domingo, 7 de enero de 2007

Apostasia




Recientemente hemos podido ver como el gobierno central y la jerarquía eclesiástica llegaban a un acuerdo de paz, a cambio de una consolidación de la financiación superior a la que la gente marca en la casilla del IRPF que llevan años percibiendo. Desde IU consideramos que era un momento óptimo para alcanzar a cambio no sólo lo obvio que hace 16 años está exigiendo la UE, que paguen el IVA, sino que nos permitan a los ciudadanos nacidos bajo el régimen franquista o en época de transición el poder liberarnos de una carga social de aplicación individual sobre la que nadie nos preguntó, el bautismo.
Según el arzobispo de la valencia se trata de un trámite complejo por ser una decisión que ha de estar meditada y la califica de traumática. Es obvio que cuando su confesión religiosa tiene a bien bautizar a los bebes, no es porque les preocupe la meditación que pueda acarrear tal decisión. Para entrar nadie te pregunta, para salir es traumática. Pues no, Sr. Arzobispo, cuando uno se acerca al arzobispado y pierde su tiempo esperando recibir respuesta sobre una petición efectuada bajo la mayoría de edad a bien seguro que lo ha meditado previamente y cuando además acude a concentraciones en la puerta de su sede para reivindicar su derecho está claro que estamos ante ciudadanos harto convencidos del paso que están dando.
Elegir la propia adscripción ideológica o religiosa es un derecho incuestionable de todos los ciudadanos, reconocido legalmente en el artículo 16 de la Constitución Española. La posibilidad de cambiar o de abandonar cualquier religión también está recogida en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, así como en distintos tratados internacionales, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
La necesidad de acordar un procedimiento copiando a países de nuestro entorno para que este derecho sea una realidad, a la vista de las evidentes trabas que pone la jerarquía eclesiástica, es otra evidencia, a la que el PSOE se negó al votar en contra de la iniciativa defendida por la diputada que suscribe en el Congreso de los Diputados. Una oportunidad perdida.
Queda claro que conducir a la Iglesia Católica a la senda de la legalidad no es fácil, 15 años sin pagar el IVA, ningún control del dinero que reciben del Estado, despidos inconstitucionales a los profesores de religión e incumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Esta ley obliga a cualquier organización, iglesias incluidas, a eliminar de sus archivos toda referencia sobre datos personales y privados sencillamente con la petición en ese sentido por parte del interesado. Se escudan en que son datos históricos, ¿también lo son los de Moviestar?.
Lo único logrado hasta ahora es que la Agencia de Protección de Datos les obliga a anotar en el libro de bautismo que has pedido la baja, sin embargo tanto el Arzobispado de Valencia como el de Madrid han recurrido tales resoluciones a la Audiencia Nacional.
La última evidencia, a la jerarquía eclesiástica no le preocupa demasiado la integridad de las creencias de los presuntos fieles ni si sus prácticas se corresponden realmente con su supuesta condición, ni tan siquiera que sean ciudadanos que reclaman darse de baja, como si de una compañía timadora se tratara nos seguirá cobrando la cuota de socios a través de las arcas del Estado y nos contará como suyos, aunque no queramos.

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