Especulación Urbanística. Moción IU
Dada la relevancia que tiene la especulación urbanística como lacra de esta particular democracia, aporto la intervención plenaria en nombre de IU.
RESUMEN ACTA DEL PLENO
05/04/06
INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INCIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FAVORECER UN DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE, UN SECTOR INMOBILIARIO NO ESPECULATIVO Y LA LUCHA EFICAZ CONTRA LA CORRUPCIÓN QUE LIGA DECISIÓN DEL PODER Y ACCIÓN INMOBILIARIA ESPECULATIVA. (Número de expediente 172/000177.)
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Nos encontramos hoy aquí para tratar un problema que últimamente está acaparando la atención de los medios de comunicación en cuanto al caso de Marbella, pero que por desgracia acontece en toda la costa del Estado español, especialmente en el litoral del Mediterráneo. Ojalá fuera solamente el caso de Marbella, pero es evidente que no es así, y necesitamos un Gobierno que actúe decididamente para atajar este problema.
.... La gente necesita un Gobierno decidido para acabar con aquello en que se ha convertido la costa española, el paraíso de la corrupción en la política urbanística, el paraíso de las mafias, del dinero negro que estamos generando. Por cierto, mucha rapidez en el caso de Marbella, pero en 1995, en 1998 y en 2003 Izquierda Unida ya presentó iniciativas para actuar en este ayuntamiento y no se hizo nada ni por parte de este Gobierno -en los dos años que lleva- ni por el Gobierno anterior. Entrando en la cuestión objeto de la interpelación, en la costa se está produciendo un proceso terrible de depredación urbanística, construyendo urbanizaciones con campos de golf mediante la connivencia de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, que se apartan radicalmente del interés general y defienden el interés de grandes empresas de la construcción inmobiliaria, generando la riqueza para unas empresas y afectando de manera terrible a todos los ciudadanos, que se ven desamparados ante un Gobierno que no actúa y traicionados por los representantes políticos con este gran desprestigio de la democracia que se está generando. Se organizan plataformas ciudadanas a nivel de comunidad, de municipios, y recientemente a nivel del Estado, que reclaman que el Gobierno actúe, que se les proteja en sus intereses como ciudadanos. Ahora mismo hay representantes políticos de ayuntamientos amenazados, funcionarios que tienen que dimitir precisamente por esta terrible situación que se ha generado y está creciendo en todo el litoral. Como decía, las competencias urbanísticas de los municipios y de las comunidades autónomas están siendo utilizadas no en beneficio de los ciudadanos ni de los municipios, sino en beneficio de estas constructoras, a las que, además, están ligadas de manera familiar o directa -porque hay concejales que forman parte directamente de estas constructoras- o con las que directamente se ponen de acuerdo. Señora ministra, el proceso urbanizador es largo. En primer lugar, hay una concentración del terreno- en el caso del País Valenciano ni siquiera hace falta, porque el agente urbanizador no necesita hacer una propuesta en un lugar donde ni tan siquiera tenga un metro cuadrado, pero en la mayoría de los lugares sí que es así-, hay compras, hay expropiaciones; después hay una recalificación de los terrenos, que suelen ser protegidos, porque, claro, esta gente no se va a los peores terrenos, sino que coge los de mayor valor ecológico, y después hay una aprobación de las modificaciones de los planes de ordenación urbana. Es decir, se trata de un proceso largo.
Entonces, ¿por qué la actuación de los mecanismos del Gobierno y del Poder Judicial es tan lenta o inexistentes? ¿Por qué hay una respuesta ineficaz por parte del Gobierno, de las administraciones públicas y de todos los ámbitos? ¿Por qué la policía y la fiscalía no investigan? ¿Por qué no investigan siquiera lo que sale en los medios de comunicación a diario? Todos los días leemos en la prensa escándalos urbanísticos, ciudadanos que reclaman que se les ampare en esta situación, expropiaciones abusivas que acaban en los tribunales y que se resuelven de aquí a no sé cuántos años. Señora ministra, doten de medios a la fiscalía, a la policía judicial y a la Agencia Tributaria. Incluso el colectivo de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda ha pedido que se les dedique a ello, que se les coordine. Quieren hacerlo, reclaman mecanismos para detectar los aumentos espectaculares de patrimonio que se están dando. Necesitamos también reformas legales; para empezar, del Código Penal. Prevaricación: ¿Dónde están los condenados por prevaricación? No hay. ¿Por qué no reformamos el Código Penal para que ampare realmente los derechos de los ciudadanos y el interés general? Necesitamos también transparencia para los cargos municipales. Hemos aprobado una ley de transparencia para determinados cargos, ¿y qué pasa con los cargos municipales? ¿Qué pasa con su patrimonio? Pongámoselo un poquito más difícil, señora ministra. En la actualidad se utilizan las competencias municipales urbanísticas para multiplicar por dos, por tres o por cuatro el número de habitantes; en el caso de Cabanes u Oropesa, por 24 el número de habitantes. Casas con precios totalmente inaccesibles para los ciudadanos o campos de golf que ocupan los mejores territorios requieren instalaciones de los servicios municipales, agua -de la que se estaba hablando hasta hace un momento-, infraestructuras, que garantiza el Ministerio de Fomento. En concreto, se autorizan o construyen infraestructuras que los corruptos y especuladores reclaman, y se construyen por parte del Ministerio de Fomento. Veamos un caso: el aeropuerto de Castellón. Hay un informe del director general de aviación anterior en el que dice que el aeropuerto de Castellón no es necesario. ¿Por qué se va a construir este aeropuerto? Dicen: Es un aeropuerto privado. Ya, es un aeropuerto con un contrato que dice que si no hay equis número de habitantes -que nunca va a haber en ese aeropuerto- lo vamos a pagar los ciudadanos del País Valenciano. Estupendo. Y eso lo autoriza el Ministerio de Fomento, como el vial Cabanes-Oropesa o la autopista Cartagena-Vera, que no tiene absolutamente ninguna justificación y la va a hacer el Ministerio de Fomento.
¿Qué ocurre con el Ministerio de Medio Ambiente? Hay una partida de veinte millones de euros para adquirir territorios del litoral. Todavía no se ha ejecutado. Urge la ejecución de esa partida, que tenía en principio ocho millones, y gracias a las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se incrementó en 20 millones de euros. En cuanto a la protección de humedales en el caso del ayuntamiento de Elche, hay una sentencia que declara ilegal lo que se está haciendo y se sigue construyendo. Desamparo absoluto de los ciudadanos. La desaladora que va a amparar el proyecto de Mundo Ilusión, la va a construir también la empresa Marina d’Or. ¿Por qué se les va a hacer una desaladora? ¿Para garantizar que puedan seguir especulando, que puedan seguir construyendo? En el País Valenciano, noventa campos de golf. Recursos hídricos: no tenemos. ¿Por qué no hay un informe vinculante que impida que si no hay agua no se puedan construir estos campos de golf, estas grandes urbanizaciones? Sacrifican, en definitiva, señora ministra, parajes naturales, bosques, recursos hídricos, zonas que deberían estar altamente protegidas. Todo se arrasa si no hay ningún tipo de limitaciones. Tenemos que buscar soluciones. Necesitamos leyes que protejan nuestro territorio, que protejan realmente el medio ambiente.
En cuanto a su ministerio, Vivienda, necesitamos urgentemente una ley del suelo. Así incluso lo ha reclamado la Unión Europea. Tenemos la ley conocida como la ley del todo urbanizable. Y mientras no hay ley del suelo, ¿qué ocurre? Que el precio de la vivienda en el caso del País Valenciano se ha incrementado en un 83 por ciento en los últimos seis años. Se expulsa a los ciudadanos, a los residentes reales ¿a cambio de qué? De darles dinero de indemnizaciones totalmente exiguas, y se quedan los terrenos los grandes constructores en connivencia permanente con el poder político. Los ciudadanos no pueden pagar esos precios de la vivienda; sí que tienen que pagar el coste de las infraestructuras a través de sus impuestos, también de los servicios municipales, que absorben los recursos públicos escasos detrayéndolos de los fines sociales. Así se crean islas de riqueza que no traen riqueza al entorno, están aisladas completamente, y se engaña a la gente creyendo que sí que la van a traer.
Así lo ha denunciado incluso la patronal de turismo, que ha dicho que este urbanismo caótico está provocando que algunos destinos turísticos españoles se estén quedando obsoletos; el sector hotelero también lo ha denunciado; The sunday times nos llama la costa de los horrores, donde no hay que ir. Mientras, la vivienda de protección oficial en el País Valenciano cae en un 68 por ciento en siete años y el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo del País Valenciano, dice que, si se le hubiera hecho caso, todo esto no habría ocurrido.
Ministra, se está destrozando el paisaje, se cambia huerta, humedales y parajes naturales por ladrillo y campos de golf, se hacen urbanizaciones clónicas por todas partes y se supone que la Administración, el Estado, debe regular los ritmos y la conveniencia de actuaciones urbanísticas. ¿Qué están haciendo, señora ministra? Reclamamos una moratoria urbanística, también lo ha dicho la Unión Europea, un desarrollo que responda a las necesidades de los ciudadanos y no al contrario, que nos permita que nuestra costa no sea campos de golf y paraje de la vela con dinero fácil para determinados empresarios amigos de. Mientras, se abandona la agricultura, no se invierte en I+D+i, se deslocalizan las empresas y nosotros nos vamos convirtiendo en el multicomplejo vacacional de otros. Eso es para lo que reclama esta gente el agua para todos, que debe ser algo así como agua para todos los negocios de mis amigos. Señora ministra, no lo podemos permitir, tenemos que frenar esta especulación urbanística que está generando no solo el descrédito de toda la clase política, sino un deterioro irreversible, insostenible, del medio ambiente, y nosotros no somos dueños de nuestro territorio, es un legado que dejamos a los que vengan detrás, tenemos la obligación de protegerlo, de representar a los ciudadanos, de proteger sus intereses, y esa obligación hoy por hoy no se está cumpliendo.
En cuanto a los casos de corrupción, lo dice la misma Unión Europea en su informe: el número de casos de corrupción confirmados sobre los que existen sospechas fundadas hace patentes las deficiencias de la ley y de su aplicación. ¿Y por qué hay tan pocos casos en los tribunales? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no cumplen con su trabajo? Simplemente les reclamamos eso.
Gracias.
RESUMEN ACTA DEL PLENO
05/04/06
INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INCIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FAVORECER UN DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE, UN SECTOR INMOBILIARIO NO ESPECULATIVO Y LA LUCHA EFICAZ CONTRA LA CORRUPCIÓN QUE LIGA DECISIÓN DEL PODER Y ACCIÓN INMOBILIARIA ESPECULATIVA. (Número de expediente 172/000177.)
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Nos encontramos hoy aquí para tratar un problema que últimamente está acaparando la atención de los medios de comunicación en cuanto al caso de Marbella, pero que por desgracia acontece en toda la costa del Estado español, especialmente en el litoral del Mediterráneo. Ojalá fuera solamente el caso de Marbella, pero es evidente que no es así, y necesitamos un Gobierno que actúe decididamente para atajar este problema.
.... La gente necesita un Gobierno decidido para acabar con aquello en que se ha convertido la costa española, el paraíso de la corrupción en la política urbanística, el paraíso de las mafias, del dinero negro que estamos generando. Por cierto, mucha rapidez en el caso de Marbella, pero en 1995, en 1998 y en 2003 Izquierda Unida ya presentó iniciativas para actuar en este ayuntamiento y no se hizo nada ni por parte de este Gobierno -en los dos años que lleva- ni por el Gobierno anterior. Entrando en la cuestión objeto de la interpelación, en la costa se está produciendo un proceso terrible de depredación urbanística, construyendo urbanizaciones con campos de golf mediante la connivencia de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, que se apartan radicalmente del interés general y defienden el interés de grandes empresas de la construcción inmobiliaria, generando la riqueza para unas empresas y afectando de manera terrible a todos los ciudadanos, que se ven desamparados ante un Gobierno que no actúa y traicionados por los representantes políticos con este gran desprestigio de la democracia que se está generando. Se organizan plataformas ciudadanas a nivel de comunidad, de municipios, y recientemente a nivel del Estado, que reclaman que el Gobierno actúe, que se les proteja en sus intereses como ciudadanos. Ahora mismo hay representantes políticos de ayuntamientos amenazados, funcionarios que tienen que dimitir precisamente por esta terrible situación que se ha generado y está creciendo en todo el litoral. Como decía, las competencias urbanísticas de los municipios y de las comunidades autónomas están siendo utilizadas no en beneficio de los ciudadanos ni de los municipios, sino en beneficio de estas constructoras, a las que, además, están ligadas de manera familiar o directa -porque hay concejales que forman parte directamente de estas constructoras- o con las que directamente se ponen de acuerdo. Señora ministra, el proceso urbanizador es largo. En primer lugar, hay una concentración del terreno- en el caso del País Valenciano ni siquiera hace falta, porque el agente urbanizador no necesita hacer una propuesta en un lugar donde ni tan siquiera tenga un metro cuadrado, pero en la mayoría de los lugares sí que es así-, hay compras, hay expropiaciones; después hay una recalificación de los terrenos, que suelen ser protegidos, porque, claro, esta gente no se va a los peores terrenos, sino que coge los de mayor valor ecológico, y después hay una aprobación de las modificaciones de los planes de ordenación urbana. Es decir, se trata de un proceso largo.
Entonces, ¿por qué la actuación de los mecanismos del Gobierno y del Poder Judicial es tan lenta o inexistentes? ¿Por qué hay una respuesta ineficaz por parte del Gobierno, de las administraciones públicas y de todos los ámbitos? ¿Por qué la policía y la fiscalía no investigan? ¿Por qué no investigan siquiera lo que sale en los medios de comunicación a diario? Todos los días leemos en la prensa escándalos urbanísticos, ciudadanos que reclaman que se les ampare en esta situación, expropiaciones abusivas que acaban en los tribunales y que se resuelven de aquí a no sé cuántos años. Señora ministra, doten de medios a la fiscalía, a la policía judicial y a la Agencia Tributaria. Incluso el colectivo de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda ha pedido que se les dedique a ello, que se les coordine. Quieren hacerlo, reclaman mecanismos para detectar los aumentos espectaculares de patrimonio que se están dando. Necesitamos también reformas legales; para empezar, del Código Penal. Prevaricación: ¿Dónde están los condenados por prevaricación? No hay. ¿Por qué no reformamos el Código Penal para que ampare realmente los derechos de los ciudadanos y el interés general? Necesitamos también transparencia para los cargos municipales. Hemos aprobado una ley de transparencia para determinados cargos, ¿y qué pasa con los cargos municipales? ¿Qué pasa con su patrimonio? Pongámoselo un poquito más difícil, señora ministra. En la actualidad se utilizan las competencias municipales urbanísticas para multiplicar por dos, por tres o por cuatro el número de habitantes; en el caso de Cabanes u Oropesa, por 24 el número de habitantes. Casas con precios totalmente inaccesibles para los ciudadanos o campos de golf que ocupan los mejores territorios requieren instalaciones de los servicios municipales, agua -de la que se estaba hablando hasta hace un momento-, infraestructuras, que garantiza el Ministerio de Fomento. En concreto, se autorizan o construyen infraestructuras que los corruptos y especuladores reclaman, y se construyen por parte del Ministerio de Fomento. Veamos un caso: el aeropuerto de Castellón. Hay un informe del director general de aviación anterior en el que dice que el aeropuerto de Castellón no es necesario. ¿Por qué se va a construir este aeropuerto? Dicen: Es un aeropuerto privado. Ya, es un aeropuerto con un contrato que dice que si no hay equis número de habitantes -que nunca va a haber en ese aeropuerto- lo vamos a pagar los ciudadanos del País Valenciano. Estupendo. Y eso lo autoriza el Ministerio de Fomento, como el vial Cabanes-Oropesa o la autopista Cartagena-Vera, que no tiene absolutamente ninguna justificación y la va a hacer el Ministerio de Fomento.
¿Qué ocurre con el Ministerio de Medio Ambiente? Hay una partida de veinte millones de euros para adquirir territorios del litoral. Todavía no se ha ejecutado. Urge la ejecución de esa partida, que tenía en principio ocho millones, y gracias a las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se incrementó en 20 millones de euros. En cuanto a la protección de humedales en el caso del ayuntamiento de Elche, hay una sentencia que declara ilegal lo que se está haciendo y se sigue construyendo. Desamparo absoluto de los ciudadanos. La desaladora que va a amparar el proyecto de Mundo Ilusión, la va a construir también la empresa Marina d’Or. ¿Por qué se les va a hacer una desaladora? ¿Para garantizar que puedan seguir especulando, que puedan seguir construyendo? En el País Valenciano, noventa campos de golf. Recursos hídricos: no tenemos. ¿Por qué no hay un informe vinculante que impida que si no hay agua no se puedan construir estos campos de golf, estas grandes urbanizaciones? Sacrifican, en definitiva, señora ministra, parajes naturales, bosques, recursos hídricos, zonas que deberían estar altamente protegidas. Todo se arrasa si no hay ningún tipo de limitaciones. Tenemos que buscar soluciones. Necesitamos leyes que protejan nuestro territorio, que protejan realmente el medio ambiente.
En cuanto a su ministerio, Vivienda, necesitamos urgentemente una ley del suelo. Así incluso lo ha reclamado la Unión Europea. Tenemos la ley conocida como la ley del todo urbanizable. Y mientras no hay ley del suelo, ¿qué ocurre? Que el precio de la vivienda en el caso del País Valenciano se ha incrementado en un 83 por ciento en los últimos seis años. Se expulsa a los ciudadanos, a los residentes reales ¿a cambio de qué? De darles dinero de indemnizaciones totalmente exiguas, y se quedan los terrenos los grandes constructores en connivencia permanente con el poder político. Los ciudadanos no pueden pagar esos precios de la vivienda; sí que tienen que pagar el coste de las infraestructuras a través de sus impuestos, también de los servicios municipales, que absorben los recursos públicos escasos detrayéndolos de los fines sociales. Así se crean islas de riqueza que no traen riqueza al entorno, están aisladas completamente, y se engaña a la gente creyendo que sí que la van a traer.
Así lo ha denunciado incluso la patronal de turismo, que ha dicho que este urbanismo caótico está provocando que algunos destinos turísticos españoles se estén quedando obsoletos; el sector hotelero también lo ha denunciado; The sunday times nos llama la costa de los horrores, donde no hay que ir. Mientras, la vivienda de protección oficial en el País Valenciano cae en un 68 por ciento en siete años y el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo del País Valenciano, dice que, si se le hubiera hecho caso, todo esto no habría ocurrido.
Ministra, se está destrozando el paisaje, se cambia huerta, humedales y parajes naturales por ladrillo y campos de golf, se hacen urbanizaciones clónicas por todas partes y se supone que la Administración, el Estado, debe regular los ritmos y la conveniencia de actuaciones urbanísticas. ¿Qué están haciendo, señora ministra? Reclamamos una moratoria urbanística, también lo ha dicho la Unión Europea, un desarrollo que responda a las necesidades de los ciudadanos y no al contrario, que nos permita que nuestra costa no sea campos de golf y paraje de la vela con dinero fácil para determinados empresarios amigos de. Mientras, se abandona la agricultura, no se invierte en I+D+i, se deslocalizan las empresas y nosotros nos vamos convirtiendo en el multicomplejo vacacional de otros. Eso es para lo que reclama esta gente el agua para todos, que debe ser algo así como agua para todos los negocios de mis amigos. Señora ministra, no lo podemos permitir, tenemos que frenar esta especulación urbanística que está generando no solo el descrédito de toda la clase política, sino un deterioro irreversible, insostenible, del medio ambiente, y nosotros no somos dueños de nuestro territorio, es un legado que dejamos a los que vengan detrás, tenemos la obligación de protegerlo, de representar a los ciudadanos, de proteger sus intereses, y esa obligación hoy por hoy no se está cumpliendo.
En cuanto a los casos de corrupción, lo dice la misma Unión Europea en su informe: el número de casos de corrupción confirmados sobre los que existen sospechas fundadas hace patentes las deficiencias de la ley y de su aplicación. ¿Y por qué hay tan pocos casos en los tribunales? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no cumplen con su trabajo? Simplemente les reclamamos eso.
Gracias.
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