Más sobre ley de la memoria histórica

IU-ICV ANUNCIA EN RELACIÓN AL ACUERDO SOBRE LA LEY DE MEMORIA QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO LA ILEGITIMIDAD DE UN TRIBUNAL PERMITIRÁ A LA FISCALÍA INSTAR DE OFICIO LA NULIDAD DE LAS SENTENCIAS
El grupo de IU-ICV lanza al gobierno una propuesta para facilitar el acceso a los archivos para seguir impulsando la negociación sobre esta ley.
(Madrid, 21 de abril 2007).- Una vez desbloqueadas el pasado jueves las negociaciones con el PSOE para avanzar en una notable mejora de la futura Ley de Memoria Histórica, el Grupo Parlamentario de IU-ICV pretende seguir avanzando en otros temas de vital importancia sobre los que aún no existe acuerdo pero que se esperan concretar en próximas fechas.
En este sentido Gaspar Llamazares destacó hoy que tras el acuerdo alcanzado con el PSOE de reconocer la ilegitimidad de los tribunales franquistas se abre una vía que va a facilitar la nulidad de todas las sentencias de la dictadura sin que ello suponga si quiera una intervención o solicitud directa de los afectados. El texto acordado permitirá a la fiscalia instar de oficio la nulidad de las sentencias.
Por otra parte el grupo de IU-ICV ha remitido al gobierno una propuesta para facilitar el aceso a los archivos para seguir impulsando la negociación sobre esta ley.Así, entre las cuestiones más destacadas, el portavoz del Grupo Parlamentario, Joan Herrera, sitúa la responsabilidad pública e institucional sobre la política de fosas comunes, la retirada de los símbolos franquistas, la conversión del Valle de los Caídos en un centro de recuperación de la Memoria, además de la política de archivos. Sobre este último punto, IU-ICV ultima la presentación de una propuesta en firme en forma de proposición no de ley.
Para Herrera, “los archivos públicos son elementos esenciales en la sociedad democrática como garantes de derechos y obligaciones, como soportes imprescindibles de la transparencia administrativa y como fuentes insustituibles de la memoria colectiva”.
Por ello, IU-ICV considera que hay que entenderlos no sólo como lugares de custodia de los documentos históricos de reconocido valor testimonial, sino como los servicios administrativos encargados de gestionar el tratamiento de los documentos públicos desde que son generados hasta su destrucción o selección para una conservación definitiva.
“La posibilidad –señala- de acreditar documentalmente los derechos individuales derivados de las actuaciones administrativas está íntimamente relacionada con una buena organización de los archivos como servicio público y con la accesibilidad a los mismos, tanto desde el punto de vista legal, como de la organización y descripción de los documentos”.
En su opinión, “en sentido contrario, el respeto al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen sólo puede quedar a salvo en la documentación que custodian los archivos, si se garantizan su control y su seguridad mediante una gestión profesionalizada, basada en la independencia y en la actuación técnica de los archiveros”.
Para el portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV, “los archivos públicos son, en definitiva, un elemento esencial para hacer efectivos los derechos y deberes de los poderes públicos y de los ciudadanos. Los archivos son mucho más que un lugar de investigación sobre el pasado remoto, abierto sólo a un reducido número de eruditos. El apoyo a su promoción, modernización y desarrollo debe venir impulsado por el convencimiento ciudadano de que archivos y archiveros son herramientas al servicio de la comunidad”.
Por todo ello, IU-ICV presentará una proposición no de ley en la que se instará al Gobierno a remitir a la Cámara un Proyecto de Ley de Archivos de ámbito estatal que subsane y armonice las contradicciones existentes en múltiples y dispersas disposiciones y que dé solución a los problemas aún no abordados, y entre otras medidas, que incluya la creación de un Consejo de Archivos para coordinar de forma efectiva a todos los de las administraciones públicas, de cualquier rango que éstos sean.
En dicha PNL también se emplazará al Ejecutivo a que presente otro Proyecto de Ley de Libertad de Información que armonice la dispersa y a veces contradictoria normativa existente sobre acceso y garantice el derecho de acceso a los documentos públicos a través de procedimientos administrativos y recursos de rápida tramitación y resolución.
Para Joan Herrera, “en particular y por afectar a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como el derecho al honor y la intimidad, dicho proyecto de ley debería revestirse con el rango de ley orgánica”.
“La aplicación, a partir de octubre de 2007, del régimen de protección de datos de la Ley Orgánica 15/1999, a los ficheros no automatizados preexistentes implicaría, en el momento actual, la eliminación y no accesibilidad de fuentes hoy consideradas básicas para la investigación y la memoria histórica, y ello constituye un escollo a salvar con urgencia”, señala.
Entre otras muchas propuestas concretas, la PNL de IU-ICV propondrá “la puesta en marcha de una auténtica política de gestión documental de nuestro pasado inmediato, potenciando el valor de los documentos conservados en los archivos como fuentes primarias imprescindibles para acercarse al conocimiento de la verdad sobre hechos ocurridos; la generación de un instrumento para la recogida de información y protección del patrimonio documental privado de singular relevancia, para su inclusión en el Inventario General de Bienes Muebles, y la creación de las infraestructuras necesarias para la gestión de los fondos documentales privados que puedan incorporarse a los archivos estatales”, concluye Herrera.