Intervención Isaura Navarro contra el cierre de las emisiones de TV3 en el País Valencià

La señora NAVARRO CASILLAS: Tengo que manifestar que comparto las inquietudes del portavoz de Convergència i Unió, señor Vilajoana, y discrepo profundamente en que Dios haya tenido nada que ver en esto. Ha sido una actuación en el caso de Alicante de movilización ciudadana y de concienciación por parte de los ciudadanos de la gravedad de los hechos que nos ocupan y en el caso de Valencia de la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia, que ha dictado una sentencia conforme a derecho. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds pidió esta comparecencia al señor ministro para que nos informara sobre las medidas que se están adoptando tras la intención del Consell de clausurar la emisión de TV3, Canal 33/K3, 3/34 y 300 en el País Valencià. Lo único que hemos escuchado por parte del ministro es que se quiere encontrar una solución, que se quiere llegar a un acuerdo y que espera que tenga un final favorable. Creo que merecemos saber mucho más de lo que se está haciendo y precisamente por la gravedad de lo que estamos denunciando, que se debe y se pueda hacer mucho más. Después de veintiún años de emisiones de la televisión de Cataluña en el País Valencià, de los cuales doce bajo el Gobierno del Partido Popular, nos encontramos ante una nueva actuación del Gobierno del Partido Popular contraria a principios básicos que deben estar presentes en todo Gobierno democrático y que no están en el del País Valenciano. Se trata del derecho de la información, de la libertad de información y de la libertad de expresión. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Se pretende impedir la emisión por las frecuencias de TDT, la 47 y la 55, de la televisión de Cataluña. ¿Cómo se llega a esta situación? Pues porque el espacio que se utilizaba se otorgó a La Sexta y en consecuencia desde el Gobierno se llegó al acuerdo efectivamente con Accio Cultural del País Valencià de que se podían utilizar estas frecuencias que no estaban ocupadas por ningún canal autonómico, ni por ninguna comunidad autónoma y que son única y exclusivamente de titularidad del Estado. El presidente del Gobierno, el señor Zapatero, dijo que se trata de un conflicto en términos estrictamente legales. Pues bien, en términos estrictamente legales son de titularidad del Estado y dado que no están adjudicados a ninguna televisión autonómica, según el vigente Plan técnico nacional de la TDT, la Generalitat Valenciana carece de competencias para instar ninguna actividad inspectora ni sancionadora. Por tanto, señor ministro, algo tendrá que decir al respecto porque son de titularidad del Estado y solo la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones puede llevar a cabo actuaciones inspectoras y sancionadoras. Señor ministro, precisamente por ello no solo debe mediar, no solo debe llamar a unos y a otros y decirles que se pongan de acuerdo, sino que debe dejar claro que la actuación de la Generalitat Valenciana es ilegal, que dejen de perseguir a ninguna asociación cultura, que dejen de perseguir fantasmas imperialistas catalanistas, como hacen las declaraciones del presidente de la Generalitat Valenciana.
Queremos que se cumpla la legalidad tal y como se deduce del informe, al que ya se ha hecho referencia, realizado por expertos en la materia. Aquí lo tengo y está, señor ministro, a su disposición y si quiere puedo enviárselo también por correo electrónico. En este informe se deja claramente en evidencia que la Ley General de Telecomunicaciones en su artículo 43 establece que todos los canales de TDT forman parte del dominio público radioeléctrico. Por tanto, usted debe reivindicar sus competencias y dejar claro que esto es de titularidad del Estado. Deben trabajar por garantizar la libertad de expresión, por garantizar nuestro derecho ala información que está en el artículo 20 de la Constitución española. SE lo pedimos los valencianos y las valencianas que queremos seguir viendo TV3, los 70.000 ciudadanos que este sábado, 5 de mayo, se manifestaron reivindicando precisamente esto. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no hace más que reivindicar que podamos seguir viendo una televisión, la televisión de Cataluña. Estamos revindicando que se reconozca que es ilegal la censura, que no se puede actuar de esta manera, que precisamente desde las administraciones públicas no se puede actuar con posturas sectarias y totalitarias. Eso es lo que se debe evitar, es lo que debe ser ilegal. Se pretende vetar a los valencianos el derecho al acceso a la información, el acceso a una televisión pública que emite en la misma lengua que hablamos los y las valencianas, sin ningún coste por cierto para el erario público. Señor ministro, le pedimos que actúe frente a esta situación que debe ser declarada ilegal. Queremos defender un espacio comunicacional cultural y lingüístico común, a pesar de que sea esta realidad objetiva histórica negada una y otra vez por el Partido Popular, a pesar de cómo es Canal 9 precisamente nos parece que sería positivo que se viera en toda Cataluña y que se viera también en Baleares. Queremos ver la televisión de Cataluña porque, les guste a ellos o no, tenemos raíces culturales y lingüísticas comunes. Usted puede impedir que se nos niegue este derecho. El informe de los expertos debe su hoja de ruta. Señor ministro, en el País Valenciano estamos padeciendo una situación absolutamente dramática, la televisión autonómica, Canal 9, no es solo de mala calidad y con niveles ínfimo de uso de nuestra lengua propia compartida con Cataluña y Baleares sino que es una televisión donde sencillamente el 70 por ciento de los trabajadores cuando se les pregunta qué problemas laborales tienen dicen que el mayor problema que tienen es la manipulación. La manipulación que hay en esa televisión es absolutamente grave y también esto debería ser ilegal y donde se debería actuar. La fobia anticatalanista del Partido Popular llega al extremo de censurar el uso de palabras propias de nuestra lengua que consideran que suenan más catalanas y sustituirlas por castellanismos. Es una televisión donde se hace limpieza política. Padecemos día a día un burdo panfleto político del señor Camps, en un acto que consideramos de prevaricación porque utilizar el dinero público, el dinero de todos los valencianos, para hacer propaganda del partido a través de la televisión pública de una manera obscena e insoportable es lo que debe ser ilegal y contra lo que se debe actuar. Ante este panorama para algunos valencianos y valencianas, que somos muchos, la televisión de Cataluña es la que nos cuenta las noticias sin intentar convencernos de las glorias del señor Camps y su Gobierno. Nos las cuenta en nuestra lengua propia y común, nos la cuenta en catalán. Para muchos valencianos y valencianas la televisión de Cataluña es un soplo de aire fresco, además del único modo de acceder a un derecho fundamental, el derecho a la información recogido en el artículo 20 de la Constitución española. Compete al Estado garantizar este derecho y le pedimos y exigimos, señor ministro, que nos ampare. No puede sencillamente decir que están hablando y que encontrarán una situación mientras la Generalitat Valenciana sigue actuando. Queremos una solución y queremos respuestas.

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