lunes, 4 de febrero de 2008

Luces y sombras de la ley del cine

Publicado en cartelera Turia

La actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestra cultura y economía. Como manifestación artística y expresión creativa es un elemento básico de la entidad cultural de un país. Sin embargo, es el aspecto económico el que ha centrado el enfoque del proyecto socialista de ley del cine. Así ésta gira en torno a los porcentajes o exigencias económicas, dejando a un lado clamorosamente las importantes relaciones culturales propias del cine y lo audiovisual. Y lo más grave, excluyendo al verdadero protagonista: el espectador de cine, o sea, el público.

Parecería una obviedad que cualquier proyecto de ley de cine tiene que tener en cuenta no solamente los intereses de los profesionales del sector, que son importantes, sino también los del público que acude y, sobre todo, que ha dejado de acudir ante la banalización de la cartelera. Pero en política ocurre que lo obvio se desvanece frente a otros intereses de mayor peso.

Tener en cuenta al público significa incluir criterios cualitativos (o culturales) y no solamente económicos (porcentajes numéricos de entradas vendidas). Esta ley fomenta las ayudas a posteriori es decir, ayudas a la película estrenada en función de su rendimiento en taquilla.

El rendimiento en taquilla, como todos sabemos, viene fuertemente condicionado por la publicidad que se realiza y no tanto de la calidad de la misma. A nadie puede escapársele que las películas más taquilleras no suelen engrosar las alforjas del acervo cultural de un país. A menudo son productos de consumo rápido y más rápido olvido. Y tampoco podemos pedirle a nuestra industria cinematográfica que todas las películas estén destinadas a pasar por este filtro consumista.

Otro olvido que tenía la ley: los trabajadores del cine. Detrás de un director aclamado y un actor famoso que aporta glamour hay miles de trabajadores de la industria cinematográfica que desarrollan su trabajo en pésimas condiciones, absoluta precariedad y sin representación sindical. IU-ICV hemos logrado dar un pequeño paso para frenar esta situación al recoger expresamente la negociación colectiva sectorial en el ámbito.

Otra cuestión que la ley obvia deliberadamente es que la cobertura en el territorio nacional de salas de cine que proyecten películas en versión original es escasísima. En Valencia, gracias a cines como Albatros y Babel que resisten heroicamente podemos disfrutar de un lujo sólo compartido con apenas cinco o seis ciudades en toda España. El doblaje, históricamente, fue una herramienta utilizada por las dictaduras fascistas europeas para censurar los contenidos que no interesaban.
A nuestro parecer, la ley del cine debería procurar que no hubiera ninguna capital de provincia en el territorio nacional que carezca de una sala cinematográfica cuya programación se exhiba respetando el criterio original de los creadores. De igual forma, pedíamos trasladar este criterio a las televisiones, especialmente a RTVE, que predique con el ejemplo emitiendo películas de estreno en versión original subtitulada y sin cortes publicitarios además de hacerlo en horarios sensatos.

Una sociedad sana cinematográfica y culturalmente hablando y una ley del cine que la promueva debe garantizar el acceso a las películas del año que hayan destacado en los principales foros y festivales de cine. No solamente existen los premios Oscar, también los espectadores deben acceder al palmarés de festivales como Cannes, Venecia, Gijón, Berlín, San Sebastián o Moscú, entre otros. Se hace necesario conjugar la película llamada a ser un éxito económico con la que obtiene el reconocimiento especializado. De lo contrario, la cuesta abajo cultural de nuestra sociedad parece inevitable.

No se trata pues de excluir de las carteleras los principales títulos de la industria norteamericana sino de incluir en ella películas de otras partes del mundo, sin duda más preocupadas por el naturalismo cinematográfico y los problemas sociales que el “amigo norteamericano”.

En sintonía con esta reivindicación, IU ICV ha logrado la introducción de una enmienda relevante. El fomento y apoyo de cines municipales que ofrezcan películas que, o no llegan, o duran poco en los cines comerciales. Asimismo, que promuevan el cine de calidad, fomenten debates, cineforum y pensamiento crítico en torno a esta actividad cultural. A nuestro entender la ley debería recoger más mecanismos para incidir en la formación de públicos cinematográficos exigentes, especialmente entre los más jóvenes. Hemos de recordar que el cine es sobre todo un “caballo de Troya” ideológico y comercial.

Otro de los retos era acabar con los contratos abusivos leoninos que padecen los exhibidores a los que las grandes compañías distribuidoras (mayors) les imponen paquetes de películas que llenan las salas de cine de productos cinematográficos promotores de un modelo de colonización cultural. Ninguna de las medidas propuestas por IU ha sido aceptada por el PSOE. El amigo norteamericano seguirá vendiendo/imponiendo su modelo cultural a través de nuestros cines con total impunidad.

En definitiva, una ley con cambios imperceptibles para los ciudadanos que ofrece una pata más a una silla que se rompe y quiebra, sin pretender abordar soluciones valientes para conquistar un nuevo modelo de cine y audiovisual en nuestro país y atraer al espectador exigente que se acerca a las salas de cine porque tienen algo interesante que ofrecer.

Isaura Navarro

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