Estatuto Básico Empleado Público

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IU-ICV logra introducir importantes enmiendas al Estatuto básico del empleado público que se debate hoy en el Congreso 21de diciembre 2006
Isaura Navarro destaca “los avances en cuanto a la jubilación parcial, en los planes de igualdad en la Administración Pública, los 15 días de permiso de paternidad, así como las mejoras para erradicar el acoso moral y la discriminación sexual”.
El Grupo Parlamentario de IU-ICV, a través de su diputada Isaura Navarro, muestra su satisfacción “por las importantes enmiendas que hemos logrado introducir a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y que mejorarán notablemente la actividad profesional y las circunstancias personales de los cerca de 2,5 millones de empleados públicos a los que va dirigida”.
Se reconoce por fin que los funcionarios puedan acceder a la jubilación parcial a partir de los 60 años, lo mismo que sucede con los asalariados del sector privado, a propuesta de IU-ICV, entre otros grupos.
Navarro afirma que “pese a la falta de serenidad que ha rodeado toda la tramitación, trabajaremos hasta el último momento del debate parlamentario para que se corrijan algunos puntos con los que seguimos en desacuerdo tales como que se deje sin adecuar al personal laboral con el funcionario, así como nuestra oposición a la creación de la figura del ‘personal directivo’, principalmente porque no estará sometida a ningún control y pueda dar lugar a un buen número de arbitrariedades”.
Entre las propuestas de IU-ICV de las que su diputada portavoz en esta ley está más satisfecha se encuentra “el notable avance para aplicar planes de igualdad que equiparen en derechos laborales a mujeres y hombres, así como el reconocimiento de 15 días de permiso de paternidad”. También hay un reconocimiento explícito de la existencia de posibles casos de ‘acoso moral’, que quedan equiparados a los de ‘acoso sexual’ para perseguirlos y erradicarlos de los centros de trabajo públicos. A su vez, se fijan los criterios para que no se den casos de discriminación por motivos de orientación sexual. También se ha alcanzado un acuerdo gracias a la persión de IU para limitar y dar más garantías a la movilidad forzosa con cambio de residencia, de tal manera que se establece que “cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos”.
Asimismo, las Ofertas de Empleo Público deberán ejecutarse en tres años máximo, lo que redundara en una minoración de la temporalidad en el sector público.