Emergencia en el Parlamento valenciano

Emergencia en el parlamento valenciano

Les Corts es el nombre que el Estatuto Valenciano otorga a nuestro parlamento, nacido del autogobierno que miles de valencianos y valencianas salieron en su día a reclamar.

Ese lugar sacrosanto donde se deposita la soberanía valenciana y cuyos representantes electos y electas han de defender nuestros intereses, debatir nuestros problemas, establecer y formular consecuentemente resoluciones y leyes y responder a las preguntas ciudadanas de control hacia el gobierno, ha devenido en los 20 años de régimen del PP en un lugar muy distinto.

Les Corts se han hecho tristemente famosas por el elevado número de diputados imputados que ha alcanzado el grupo Popular. Si a ello añadimos también el elevado número de exconsellers imputados, fácilmente concluimos que no es una cuestión de personas mal elegidas o aprovechadas, sino de un partido corrupto que funciona más como una organización con tintes mafiosos que como un partido democrático.

Pero no es éste el único de los males instaurados por un partido con graves dificultades, por no decir imposibilidad intrínseca para entender y respetar la democracia, como lo hemos visto desgraciadamente en tantas ocasiones: una de ellas, muy significativa, fue la expulsión de la diputada más activa y crítica del parlamento, Mónica Oltra. Con sus únicos votos, los diputados del PP decidieron impedir el ejercicio de la representación que el pueblo le había encargado y otorgado al elegirla, alterando así el resultado electoral y castigando su labor de defensa de la democracia.

Y no es posible olvidar que la comisión de investigación del terrible accidente del Metro acontecido el 3 de julio de 2006 además de ser la más breve de la historia estuviera vergonzosamente amañada por ellos, el PP.

Pero el castigo a la democracia que día tras día se sigue en Les Corts se podría definir más como una muerte lenta pero segura de la democracia valenciana que urge resucitar.

Muerte lenta que se manifiesta, por un lado, en la constante negativa a la constitución de las comisiones de investigación que solicitamos desde la oposición. De otro, en que los consellers y conselleras tienen por costumbre ausentarse del pleno el día de las sesiones de control para que la oposición no pueda preguntarles sobre su gestión. Otra de las prácticas para evitar dar explicaciones es retrasar de media un año las peticiones de comparecencia y delegar casi siempre en las secretarías autonómicas las comparecencias en comisión: “ellos no saben sobre eso que se les pregunta” y les pregunten lo que les pregunten contestan lo que el asesor de turno les ha redactado.

Otra de las tácticas antidemocráticas es convocar pocas veces las comisiones parlamentarias con el fin de ir retrasando los debates, en algunos casos sin permitir a los diputados y diputadas elegir las iniciativas a debatir, siendo el orden de registro el que manda. Ello conlleva que las iniciativas que se debaten un día sean las registradas un año antes.

Añadamos también a todo esto, como ejemplo de toda una manera de proceder la negativa permanente del grupo popular a las comparecencias de cargos públicos que no sean consellers, a pesar de la responsabilidad pública que puedan ocupar: sistemáticamente el PP veta las peticiones de comparecencia.

Si a todo ello sumamos que cuando quieren, es decir, cuando les interesa, imponen la lectura rápida de una ley, como la del cierre de RTVV bloqueando así todo trámite parlamentario y las enmiendas de la oposición. O que la Mesa de les Corts cuente con diversas sentencias en contra suya del Tribunal Constitucional por haber vetado la tramitación de iniciativas parlamentarias de la oposición, nos podemos hacer una idea de lo que hoy por hoy es nuestro parlamento.

¿Cómo se veta la tramitación de las iniciativas de Compromís?. Muy sencillo: se ha instaurado un sistema de censura por el cual cualquier frase que incluya una crítica hacia el gobierno del PP es vetada y mantenerla implica que la iniciativa parlamentaria no se tramite, vulnerando de manera flagrante el derecho a la libertad de expresión de los diputados y diputadas.

Como verán los lectores, no hablo de lo obvio: el diálogo, el consenso, saber escuchar y alcanzar acuerdos mayoritarios como esencia de la democracia. Hablo del día a día de un Parlamento tan castigado por las políticas antidemocráticas de unos personajes que han ostentado durante 20 años una mayoría absoluta, que necesita un tratamiento intensivo de recuperación.

Dicen que el cambio está en marcha. Deseo que sea cierto. Porque mi amor por esta tierra es inmenso, como lo es mi respeto por la democracia. Y la necesidad de que una mayoría democrática que quiera dialogar, escuchar, responder y consensuar en interés de la gente es, sin lugar a dudas, una emergencia.